Entrevista   
31 de julio de 2024

La frontera está en todas partes. Entrevista con Mario Luis Fuentes

Por: Dolores González-Casanova y Carlos Maza
Dolores González-Casanova: Nos interesa saber cómo ha ido cambiando tu perspectiva ante el fenómeno migratorio. Hace años hablábamos fundamentalmente de la migración de México hacia Estados Unidos, y hoy que has viajado por diferentes ciudades en las dos fronteras, has señalado que desbordan el tema de la migración y que se trata de toda una población afectada por el ir y venir; que de alguna manera las fronteras se vuelve tierra de nadie, donde no llegan las instituciones y donde la gente está literalmente “en la frontera de la vida”. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Mario Luis Fuentes: Bueno, déjame iniciar con los antecedentes. A fines de 2019 el entonces rector Enrique Graue me autoriza el proyecto de registrar lo que hacen la universidad y los universitarios en las fronteras. Estamos en el momento inmediatamente anterior a la COVID-19, presenciando un cambio drástico en la expresión de las migraciones pues las caravanas, que tienen una proyección mediática gigantesca, hacen visible la posición de Estados Unidos: las personas migrantes son una amenaza a ese país.

Muchas veces hablamos de migración y al hacerlo ocultamos que quienes caminan no sólo son de otro país; muchas de las personas que caminan son población mexicana forzada a desplazarse por la violencia, por algún desastre natural o por el tema, digamos, histórico: la búsqueda de una mejor oportunidad económica.

Así, en 2019 empiezo a visitar las fronteras para registrar los proyectos de la UNAM. El resultado está publicado en tres informes bajo el título La UNAM en las fronteras de México. (El primer volumen cubre acciones realizadas de junio a diciembre de 2019; el segundo, acciones realizadas en 2020 y 2021, y el tercero, en 2022; están disponibles en el sitio en internet del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, http://www.pued.unam.mx/opencms/archivos/Investigaciones/3/riesgos.html). En estos informes hago un muestreo que da cuenta de las acciones, los cursos, la divulgación cultural —la enorme presencia que tiene el sistema cultural universitario (ver sección Enfoque en este número, p. 362)— y la investigación que se hace desde todas las áreas, ciencias y humanidades. En el proceso me doy cuenta de que la universidad también tiene incidencia social, es decir, realiza acciones que tratan de mitigar directamente los problemas de desarrollo, de pobreza y de bienestar que enfrenta la población y eso se hace especialmente por medio del servicio social, por ejemplo, el poderoso servicio social de la Facultad de Medicina, el de la Facultad de Psicología, el de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y el de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Los y las jóvenes que hacen servicio social y prácticas profesionales, acompañados por sus maestros y maestras, tienen un enorme impacto. Hay que destacar ahí la fuerte vinculación de las Sedes de la UNAM en el extranjero a través de las Ventanillas de Salud de los consulados de México.

Estos informes muestran todo lo que hace la universidad y son también una manera de hacer un exhorto: tenemos que visibilizar más la acción de la universidad para comprender, atender o conocer la situación de la población que camina, que se desplaza. Y esto me lleva a otra dimensión universitaria que recogí en las visitas: muchas veces, en los lugares que visité, las fronteras muestran tres dimensiones diferentes. Primero, la enorme fuerza de los egresados de la UNAM que ejercen sus profesiones en todos los lugares del país; esta imagen que tenemos de llegar a un lugar y ver en una casa o edificio letreros que indican “Médico egresado de la UNAM”, “Abogado egresado de la UNAM”; esa es realmente una presencia.

Segundo, a través de la asociación de egresados de la UNAM es posible recoger testimonios de universitarios sobre la situación de las localidades, de los territorios que están siendo transitados. Como UNAM no siempre tenemos la posibilidad de incidir, pero siempre se puede dar testimonio, recoger lo que está pasando. Estamos hablando de los años 2019 a 2021, con una nueva administración y una percepción de que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han cambiado las condiciones; las nuevas propuestas no han sido plenamente entendidas y hay una enorme necesidad de decir por qué hay que hacer las cosas de una manera diferente y por qué se impone la necesidad de reconocer los procesos locales. Me di cuenta de que, además del tema testimonial, que es muy importante, hay otra parte: una enorme cantidad de ensayos, novelas, documentales que dan cuenta de esta realidad cambiante. La UNAM tiene esta dimensión de documentar lo que sucede en el país, que es muy importante.

Entonces se cruza la COVID-19 y se tiene que detener el servicio social in situ. Ya había grandes problemas relacionados con la violencia; las mismas investigaciones tienen que modificarse porque ya no se puede hacer una entrevista cara a cara, todo tiene que hacerse por medios digitales. Hay toda una transformación; me encuentro con una red de albergues manejados por la sociedad civil, muchas veces por organizaciones religiosas, con la participación de las diócesis y de organizaciones como Caritas, y se hace necesario reconocer su papel. Hay una estructura de cuidado manejada por la sociedad civil que en ese momento es el soporte de una población desprotegida.

En ese contexto viene el cambio brutal. El nuevo acuerdo con la Unión Americana, con el entonces presidente Trump, establece el Artículo 42 por el que la población tiene que solicitar su tránsito a Estados Unidos desde fuera, desde México. Y, por otra parte —algo que no habíamos visto—, empieza a darse una creciente deportación, población mexicana y centroamericana que, por distintas razones, por su situación migratoria, es expulsada de Estados Unidos hacia las ciudades mexicanas de la frontera. En ese proceso me doy cuenta no sólo de la enorme insuficiencia de la oferta gubernamental sino de la importancia de la oferta privada, religiosa, civil, que realmente crea lugares de asistencia social para asistir a quienes no se valen por sí mismos.

Hay procesos muy diferenciados. Hay que recordar que tenemos una población vulnerable a la COVID-19, pero también a otras enfermedades contagiosas, como la varicela. Esto en los albergues se convierte en un problema muy complicado. En este proceso, con una estructura de la sociedad civil que está respondiendo, me encuentro con un tercer tema: esta realidad de que la frontera es también cultural y política. La frontera no sólo es una dimensión geográfica, un espacio entre dos países; ahí es donde construyo la propuesta de entender que la frontera está en todas partes. En cualquier lugar donde hay una población que se desplaza, que está desprotegida, está la frontera: la frontera de las instituciones que no les atienden, la frontera de la vida por la enorme amenaza. La frontera está aquí en Apizaco, Tlaxcala, donde hay una cantidad enorme de personas migrantes; la frontera puede estar en la plaza Giordano Bruno, aquí en Reforma, o en Tláhuac, en Saltillo, en Tenosique, a sesenta kilómetros del límite con Guatemala. La frontera es entonces el lugar donde se encuentra una población desprotegida no sólo por estar en movimiento, sino también por estar amenazada, un elemento que he tratado de plantear por sus múltiples dimensiones: las amenazas que representan las autoridades, la extorsión, el robo, las policías de todo tipo, las personas armadas, no sólo las que son del gobierno federal. Así me doy cuenta de que se construye una nueva dimensión más amplia de la extorsión, del secuestro, del rapto de poblaciones que se desplazan. Muchas de estas personas no sólo son centroamericanas, es población que sale a buscar lugares con mayores posibilidades de desarrollo. En los albergues se habla mucho de personas de Honduras, de Guatemala, y se pierde de vista a la población mexicana.

Hay dos cambios importantes y muchos estudios de investigadores universitarios. Por una parte, ya no es esta tradicional idea de la migración de hombres jóvenes que van en busca de empleo o ingresos y luego regresan. Lo que se ve y es una realidad es el desplazamiento de familias enteras, de mujeres con sus hijos, de abuelos con sus nietos: un desplazamiento diferente, enormemente complejo porque ya no es el joven adulto que llega a Tijuana y espera a ver cómo consigue cruzar; es la familia entera. Los albergues, los refugios de todo el país se enfrentan al dilema de dar prioridad a aquellas personas que vienen con niños, niñas y adolescentes, antes que a adultos solos. Y esto genera una nueva realidad. La nueva composición es de familias enteras que caminan con distintas vulnerabilidades. Esto produce problemáticas como lo que implica que un niño, una niña de seis años que nació, probablemente, en Panamá, después de cinco años llega a la frontera; es la realidad de la vulnerabilidad en cuanto a derechos de la infancia de quienes caminan.

Y por otra parte están los niños, las niñas y adolescentes que caminan solos: un joven de dieciséis años que se desplaza para tratar de llegar a un lugar donde encontrar refugio o apoyo, que quizá tiene familia en la frontera. En esos procesos, los investigadores universitarios establecen vínculos con colegas de otras instituciones. Acabo de estar en Ciudad Juárez donde he podido ver los vínculos de los investigadores de allá con la UNAM; los universitarios en Tapachula trabajan muchísimo con el CIESAS y con El Colegio de la Frontera Sur. Son redes académicas, muchas de ellas personales, que no están articuladas en convenios. Muchas veces son resultado de afectos. Estoy preparando un nuevo libro, se titula Redes y aborda aquellas experiencias de solidaridad que deben ser reconocidas. Lo que presento ahí son las mejores prácticas para fortalecer estas redes que lo necesitan mucho. En octubre del año pasado tuvimos un encuentro en San Cristóbal de las Casas con el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM), la Casa de Investigadores de la Universidad Autónoma de Chiapas, investigadores del CIESAS, y de El Colegio de la Frontera Sur. Ahí hacemos una reflexión sobre el papel de las universidades en la frontera sur, y veo que los investigadores de la UNAM y de las otras instituciones tienen una enorme capacidad para dar cuenta de la complejidad de lo que está sucediendo, de reconocer lo que está pasando.

Recientemente estuve en Ciudad Juárez haciendo un ejercicio similar sobre las universidades y la frontera norte de México. La universidad aborda los temas desde lo académico, desde la investigación y la divulgación, pero también desde el estar presente y, como dice nuestro mandato, contribuyendo a resolver los problemas nacionales. Nuestra contribución tiene que responder a la urgencia de dar testimonio de lo que está pasando. En octubre próximo haré lo propio en Tapachula y en marzo de 2025 pienso hacer un encuentro de investigadores de las dos fronteras en la Ciudad de México para poder avanzar hacia una universidad, como yo la visualizo, mucho más activa en los problemas actuales.

Todo esto se lo presenté al rector Leonardo Lomelí en diciembre del año pasado y autorizó que continuáramos con estos proyectos. Así que, en síntesis, la universidad tiene una enorme incidencia en términos del conocimiento de la situación de la migración y la población que se desplaza forzadamente (yo insistiría en tener esas dos categorías porque, si hablamos sólo de migración, pensamos que son los que vienen del sur al norte o de otros países, y tenemos que incorporar a la población nacional que se desplaza forzadamente).

También hay que conocer lo mucho que hacen las sedes universitarias en Estados Unidos y Canadá, y dar cuenta de la gran cantidad de proyectos de incidencia social que tienen facultades como Medicina, Odontología y Enfermería y de estudios tan importantes como los que hace el Instituto de Geografía, como el mapeo de la situación de redes de agua potable en la frontera en Tijuana.

Por otra parte, hay que reconocer el enorme peso que tiene la cultura. Y déjenme hacer una acotación: en la gestión del exrector Graue fui coordinador de proyectos estratégicos y después seguí como investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Desde ahí me tocó informar al rector de la importancia de tener un acuerdo con la ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, un convenio que se va a ratificar con el rector Lomelí, a fin de apoyar la integración de las personas que tienen estatus de refugiadas. La UNAM se comprometerá en un proceso que permita atender un tema urgente y muy importante para la población refugiada: la validación de estudios. Hay entre ellos dentistas, médicos, ingenieros; profesiones que requieren validación de estudios para poder ser ejercidas en otro país. La UNAM va a contribuir a la validación de estudios para que esas personas que tienen estatus de refugiadas puedan ejercer su profesión (ver p. 60 en este número).

La otra vertiente de trabajo con la ACNUR es el tema del aprendizaje de lenguas para la población que no habla español; se les brindará acceso a los programas de lenguas de la UNAM. Son temas muy importantes por la enorme necesidad de inclusión de personas que tienen status de refugiadas: inclusión cultural y acceso a toda la oferta cultural de la universidad. Así se ratifica y se renueva el compromiso de la UNAM de fortalecer la integración de las personas refugiadas; hablamos, según ACNUR, de alrededor de setenta mil personas con estatus de refugiadas en la actualidad en México.

Si hay un instrumento de la UNAM que permite tener mayor incidencia social, es el del servicio social y las prácticas profesionales. Necesitamos que estos programas sean fortalecidos para facilitar que las y los jóvenes puedan ir a trabajar con las personas migrantes, desplazadas, refugiadas. Tenemos en agenda la necesidad de reconocer el servicio social y su capacidad de incidencia, fortalecerlo y generar grupos multidisciplinarios con estudiantes de psicología, trabajo social, medicina, odontología, derecho, que puedan trasladarse a regiones afectadas y atender tanto a la población que se desplaza como a la población que está en situación de indigencia en esas ciudades. Esas prácticas deben ser reconocidas y fortalecidas; son ejemplos de cómo la universidad cumple su propósito de formar universitarios con gran convicción de enfrentar la injusticia social.

Carlos Maza: Hablas en algunas de tus publicaciones y en tus columnas de opinión sobre una crisis de derechos humanos. Tanto desde el punto de vista de las responsabilidades del Estado y los gobiernos (no se están cumpliendo sus responsabilidades de protección de los derechos humanos), como en cuanto a la presencia del crimen organizado. Antes suponíamos que el crimen organizado sólo movía drogas; ahora sabemos que está involucrado en tráfico y trata de personas. ¿Cuál es el panorama de los derechos humanos en torno de la migración y el desplazamiento en este momento de nuestro país?
MLF: La vulnerabilidad es el rompimiento o la no garantía de derechos humanos. La población es vulnerable porque no se cumple el mandato de garantizar los derechos humanos, y no se cumple porque a veces el actor que rompe los derechos humanos es el mismo Estado: la policía, las fuerzas armadas. Como se ha reportado, hay una gravísima situación de violación de derechos humanos en todas las dimensiones y de todos los derechos. Probablemente la parte más dura es cuando el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, violenta los derechos humanos; casos tan graves como los cuerpos descubiertos en San Fernando, Tamaulipas, en 2011, las desapariciones, las fosas clandestinas, la realidad de las desapariciones en regímenes de violencia. Hay lugares donde la violencia se ha convertido en un régimen, una estructura de instituciones gubernamentales y privadas que se articulan para la violación y la fractura de seres humanos. En ese sentido nos estamos enfrentando a una enorme crisis de derechos humanos, como lo han mostrado los relatores.

Sí hay una sistemática, yo diría creciente, situación de derechos humanos. Ahí el trabajo de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses se vuelve fundamental en la identificación de cadáveres. Un cadáver es un ser humano que perdió el nombre, el muerto tiene nombre, el cadáver debe ser identificado. Esta es una de las aportaciones de la universidad para enfrentar la necesidad de recuperar por lo menos el nombre de las personas desaparecidas. Es cierto que las violencias, más allá del homicidio, han crecido enormemente; eso lo trabaja la Facultad de Psicología. Vamos a hacer con ellos, desde la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas, un taller sobre trauma en víctimas de violencia, de violencia sexual, de violencia a los más vulnerados. Obviamente, la población que camina enfrenta todas las violencias, incluso las desapariciones, la trata y otros tipos de violencias equiparables, como son las violaciones. Los profesionistas universitarios, los jóvenes tienen que trabajar con estas nuevas dimensiones.

Por otra parte, también es importante reconocer que hay organizaciones que son realmente defensoras y que la UNAM se vincula con ellas, por ejemplo, mediante el premio García Robles que ha logrado reconocer trabajos muy importantes como el que hacen Las Patronas (ver p. 164 y p. 98 en este número). Así la UNAM visibiliza organizaciones que hay que fortalecer; lo hace reconociéndolas.

Un elemento que es estructural —uso la palabra en todo su sentido— es que hoy todo el espacio social está atravesado por las violencias, que ya no son sólo producto del crimen organizado, sino que son realmente acciones de empresas criminales globales. Tenemos el caso de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, donde hay un grupo que no sólo extorsiona, y trafica, sino que explota todos los tráficos: de personas, de dinero, de drogas, de sustancias, de inmigrantes. La realidad se ha complejizado porque ya no es sólo la extorsión sino cómo esas empresas criminales globales o regionales se han hecho de los activos: van y toman el rancho, ya no le compran al propietario, ya no le piden diez mil pesos a la semana; literalmente toman el rancho, toman la gasolinera, manejan el hotel. En ese sentido, las poblaciones que caminan, las personas migrantes se convierten en elementos para traficar. También se da el reclutamiento, obligan a las personas a hacer determinadas cosas bajo amenaza de daño a las familias. Las personas migrantes son gravemente afectadas por estas acciones criminales que medran con su vulnerabilidad, con su incapacidad de ejercer sus derechos en un contexto de impunidad. Ese es otro tema, la impunidad, la falta de justicia, la percepción de colusión de la autoridad con los criminales. Estos giros crecen porque nadie está dispuesto a denunciar si existe una amenaza.

La UNAM recoge testimonios y apoya, a veces desde lo jurídico. Hubo un caso en Tabasco: entre El Ceibo, en la frontera con Guatemala, y Tenosique, hay sesenta kilómetros. Las personas migrantes cruzan en El Ceibo y entran a territorio nacional. Mucha gente de allá dice que esos sesenta kilómetros son como entrar al infierno, y no es el Darién, es la entrada al país, ahí pasa todo. Llegan a un refugio sostenido por organizaciones de la sociedad civil y se levanta una denuncia por violación o por robo, en la que muchas veces es la propia autoridad, el policía municipal, el denunciado. Pero esos expedientes están detenidos. La solicitud que nos hacen las organizaciones, la petición que yo recojo es de ayuda, piden apoyo legal para llevar el litigio. Son tareas que hay que hacer en todos los frentes. La violencia hoy se vuelve estructurante de la situación social, erosiona la legitimidad y la credibilidad del Estado.

Las universidades en las fronteras se convierten en un recurso sustantivo porque son espacios no sólo de conocimiento, no sólo de educación sino que son espacios capaces de propiciar acciones de cambio, de incidencia. Es uno de los temas que trato de construir: la UNAM tiene tres tareas sustantivas: la docencia, la investigación y la difusión cultural. Yo planteo la incorporación de una cuarta dimensión sustantiva en las acciones de la UNAM, la de incidencia social.

CM: Mencionas en algunos de tus artículos de opinión y divulgación, en notas que has publicado en Excélsior, que no había una definición clara sobre la migración y el desplazamiento en las campañas de ninguna de las dos candidatas a la presidencia de México, y por otro lado viene también el proceso electoral en Estados Unidos, que podría redundar en deportación masiva si ganara la perspectiva que representa Trump. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
MLF: En un foro reciente en Ciudad Juárez, algunos investigadores abordaban la situación de amenaza si Trump fuera el próximo presidente de Estados Unidos: fortalecería todas las medidas de restricción del tránsito e incluso de expulsión. Yo sostengo que independientemente de quién gane en Estados Unidos, tanto Trump como Biden [la entrevista se realizó antes de que Biden abandonara su candidatura] están respondiendo a su electorado, un electorado que pide mayor rudeza, el cierre de la Unión Americana y la expulsión de aquellos que no son considerados americanos. Ése es el escenario gane quien gane; puede haber matices, pero va a ser de mayor restricción y de mayor expulsión, y eso va a generar problemas en los territorios nacionales porque las personas ya no llegan a la frontera, se quedan en Saltillo, en la Ciudad de México o en otras partes.

Lo real es que la política de migración de esta administración ha carecido de un compromiso de garantía de los derechos humanos, garantía del artículo primero. El caso, hace un año, de personas que murieron en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez es producto de esta actitud represiva, militarizada, que construyó este gobierno a raíz de los acuerdos con el gobierno de Trump. Esto requiere una reflexión de fondo, se tiene que rehacer la política de atención o de refugio. No es sólo ACNUR o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); se tienen que redefinir estas estaciones migratorias que se han convertido en centros de detención y de disuasión. Por eso las poblaciones que caminan se quedan en los parques o en los llanos, porque llegar a esos centros puede ser motivo de deportación forzada.

Se requiere una nueva política migratoria, esperemos que quien gane las elecciones [la entrevista se efectuó antes de las elecciones del 2 de junio en México] reconozca que no se puede mantener esta política de represión, de ser la segunda frontera americana en México. Es necesario realmente construir una política de atención a la población que camina, e insisto: muchos son mexicanos atrapados en estos flujos migratorios. Es necesario revisar y tratar de recuperar el Plan Nacional de Desarrollo como un documento que permita articular una política de garantía de derechos humanos a todas las personas que están en nuestro país, sean de donde sean. Es una fractura ética de esta administración la decisión de usar los centros migratorios como disuasorios y militarizar la estructura de atención a la migración.

CM: Pensando en la población que camina imbricada con las violencias, con la imposibilidad de garantizar los derechos humanos, con el desplazamiento forzado por los efectos del cambio climático, ¿somos inviables como sociedad?
MLF: Al revés: tenemos —y esa es nuestra gran fortuna— acciones paradigmáticas que hablan de que sí es posible revertir el calentamiento climático o detenerlo; tenemos evidencias de acciones, sobre todo de la sociedad civil, que nos muestran lo contrario, y lo que necesitamos es alinear al gobierno con esta cultura. Yo creo que sí es posible. En algunos temas el tiempo se nos está acabando; con el cambio climático tenemos que actuar ya, pero sí podemos hacerlo. En otros casos es cuestión de voluntad política, es un tema de democracia y, si es de democracia, es posible.

Las universidades públicas tienen un papel dominante. Son la única estructura de pensamiento, acción y compromiso que el Estado tiene a su favor, con la posibilidad de articularse. Estoy convencido: entre más pienso en las universidades, más me doy cuenta de que son la gran reserva de conocimiento moral, de compromiso, pero hay que activarla. Necesitamos generar que estos jóvenes estudiantes se conviertan en actores sociales. Mi convicción y mi optimismo tienen que ver con esta gran reserva ética, moral, de conocimiento y de voluntad que está en las universidades. Ese es el proyecto.
Mario Luis Fuentes es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y en Teoría Crítica por el Instituto de Estudios Críticos 17. Estudió la maestría en Estudios del Desarrollo en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Países Bajos, y la licenciatura en Economía en el ITAM. Es coordinador del Seminario de Altos Estudios del Desarrollo en la UNAM, donde realiza investigación. Es titular de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas y profesor en las facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales. Forma parte del Patronato Universitario.

Dolores González-Casanova y Carlos Maza son parte del equipo editorial de UNAM Internacional. Dolores es directora de Enlace Institucional y Carlos es coordinador de Fomento a la Internacionalización en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM.
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