Dinámica migratoria. Movimientos humanos en México y América: un repaso necesario

MÉXICO: PAÍS CENTENARIO DE EMIGRACIÓN
Es muy posible que conozcamos alguna persona que ha migrado, que escuchemos con frecuencia cómo ha aumentado la migración o incluso que también nosotros lo hayamos hecho. Aunque quienes vivimos en un país diferente al que nacimos somos una porción muy pequeña de todas las personas del mundo (tan solo 3.5 por ciento, IOM, 2022), es un tema que atrae la atención de los medios de comunicación, de las autoridades, del sector privado y de la sociedad en general. Además, en la actualidad prevalece la idea de que las migraciones se han incrementado enormemente y de que esto es un problema. Repasemos qué ha pasado.

México es un país que históricamente ha (con)vivido con la migración de manera muy cercana. Incluso desde antes de 1848, cuando se establecieran las fronteras actuales con Estados Unidos, personas nacidas en México se han estado yendo a trabajar a aquel país para abastecer sus necesidades de mano de obra. Ello ha ido forjando una gran comunidad de connacionales que se han quedado a vivir allá: se calcula que alrededor del diez por ciento de todas las personas que nacieron en México están viviendo en Estados Unidos.

Durante muchas décadas la dinámica fue relativamente similar: predominantemente hombres migraban hacia Estados Unidos, muchas veces de manera temporal o circular (yendo a trabajar a las cosechas por temporadas y regresando a México el resto del tiempo), en busca de mejores oportunidades económicas y de generación de mayores ingresos. Han existido algunos programas que incentivaron esta migración laboral (como el Programa Bracero entre 1942 y 1964 o algunos tipos de visados que aún existen) pero, a través del tiempo, la migración fue creciendo en condiciones irregulares, es decir, de personas que cruzan la frontera sin autorización, en general por no disponer de los documentos necesarios (visado y pasaporte). Muchas de estas personas que migraron de manera irregular lo hicieron tras los pasos o acompañando a quienes migraron con algún permiso o bien emprendiendo un proyecto migratorio independiente.

En cualquier caso, en las últimas décadas, la migración se ha hecho más diversa: cada vez más mujeres, personas de distintas edades y distintos niveles de calificación se han ido sumando en esta empresa. En particular las mujeres dejaron de ser vistas sólo como acompañantes y se identificó su rol autónomo en los procesos migratorios. Incluso en las últimas dos décadas, que la migración de personas calificadas –es decir, quienes tienen nivel educativo de licenciatura o más– creció proporcionalmente, más que la migración menos calificada, las mujeres tuvieron un rol muy destacado en este proceso (Lozano-Ascencio & Gandini, 2010).

Con el devenir del tiempo, las políticas estadounidenses —y de varios otros países del Norte global— dejaron de ser de “puertas abiertas” y en su lugar se fueron introduciendo cada vez más controles. Consecuentemente, el cruce de la frontera sin papeles se ha hecho más difícil debido a que para lograrlo hay que sortear más obstáculos: más muros, más altos y sofisticados, más cantidad de agentes patrullando la frontera, cámaras, sensores, drones. Como resultado, las personas comenzaron a permanecer más tiempo en Estados Unidos y, de a poco, el patrón migratorio circular fue disminuyendo. En otras palabras, al ser más difícil ir y venir, se ha preferido cada vez más no correr el riesgo y así la migración, que era más de corte temporal, se ha vuelto más permanente.

Como parte de las estrategias de control y contención, en distintas administraciones y con momentos más o menos altos, Estados Unidos ha deportado sistemáticamente cantidades importantes de personas migrantes irregulares. Así, entonces, también se ha ido creando una comunidad de personas retornadas porque fueron deportadas por las autoridades migratorias y también porque, por distintos motivos, decidieron emprender su regreso a México.

MÉXICO: TERRITORIO DE TRÁNSITO
Hasta aquí hemos sintetizado la relación migratoria entre México y Estados Unidos. Pero es importante también considerar otras dinámicas de movilidades regionales en las que México ha estado involucrado y, en particular, cómo ha ido adquiriendo características distintivas en años recientes. Personas de Centroamérica, en especial de Guatemala, Honduras y El Salvador, han migrado hacia Estados Unidos también desde hace tiempo. Pero fue durante la década de 1980 que diversas situaciones políticas violentas, sumadas a inestabilidad económica e inseguridad, dieron un gran impulso a dicha migración. Si bien los conflictos civiles en esos países finalizaron formalmente tras la firma de los acuerdos de paz en la década siguiente, la migración no se detuvo. Por el contrario, continuó creciendo inducida por la incertidumbre política y económica que siguió azotando la región, así como por el papel de las redes de familiares y conocidos que, al igual que en el caso mexicano y en muchos otros, influyen en los flujos migratorios definiendo la orientación y direccionalidad de las corrientes, fortaleciendo ciertos orígenes y destinos, así como las rutas por las que se mueven las personas que migran.

De manera que México también ha sido, por mucho tiempo, no sólo un país de salida y retorno de personas migrantes, sino también un lugar de tránsito. Han sido ampliamente documentados los riesgos a los que se enfrentan las personas que transitan por todo el territorio mexicano hasta llegar al norte del país. Transitar de manera irregular propicia el uso de rutas más riesgosas —como el viaje en lo alto de los vagones del tren conocido como La Bestia—, el pago de intermediarios y traficantes, y la exposición a bandas criminales que roban, extorsionan y abusan durante el camino.

Así, entonces, la migración hacia el norte del continente —más allá de las altas y bajas— nunca se ha detenido. Lo que se ha ido modificando son las causas que promueven las migraciones y una tendencia creciente es el incremento de las migraciones forzadas, es decir, aquellas causadas por factores como conflictos humanos, violencias sistemáticas y estructurales, desastres medioambientales y relacionados con el cambio climático, entre otros. Aunque históricamente entre los motivos que han impulsado a las personas a migrar destacan los deseos de mejorar sus condiciones de vida, laborales y de ingresos, en la actualidad muchas personas también migran para huir de situaciones muy difíciles en sus lugares de nacimiento.

Se trata de una tendencia mundial. A finales de 2023 se contabilizaron 114 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, cifra que tan solo una década atrás rondaba los cuarenta millones (ACNUR, 2023). Es decir, el desplazamiento forzado se ha triplicado, lo que significa que una de cada setenta y tres personas en el mundo ha tenido que abandonar su hogar. La región de América Latina y el Caribe ha seguido la pauta mundial del incremento sistemático de las migraciones forzadas: una de cada cinco personas desplazadas por violencia en el mundo proviene de allí (ACNUR, 2022). México no ha sido la excepción. La magnitud de personas desplazadas forzadas ha venido creciendo de forma sistemática y persistente y, concomitantemente, el número de personas que solicitan refugio en el país.

MÉXICO: LUGAR DE ESPERA, DESTINO Y REFUGIO
Desde 2011 —cuando México aprobó la Ley de Refugio, Asilo Político y Protección Complementaria— hasta 2024 las solicitudes de refugio se han incrementado exponencialmente año con año. En ese periodo de poco más de una década, México ha recibido 577 mil 443 solicitudes de la condición de refugiado provenientes de ciento cincuenta y tres nacionalidades (Portal Nacional de Transparencia, 2024) y les ha otorgado ese estatus a 120 mil 957 personas (COMAR, 2024). Aunque ciertamente muchas personas se están viendo forzadas a abandonar sus países por diversas crisis políticas, institucionales, económicas, políticas, sociales y ambientales, no todos los motivos son considerados en la ley ni en el derecho internacional como válidos para que una persona sea reconocida como refugiada. Por eso, no todas las personas que se suelen englobar en la noción de migración forzada son refugiadas.

A finales de 2018 comenzó a verse una nueva forma de migrar: a través de caravanas. Una particularidad de quienes se han movilizado en ellas es que las razones que las impulsaban eran variadas. Mientras algunas personas han experimentado motivos económicos o laborales, otras lo han hecho por impactos climáticos y medioambientales como sequías extremas, inundaciones y huracanes y por desastres naturales como terremotos en sus comunidades; por persecución y amenazas de pandillas y del crimen organizado, violación de derechos por regímenes autocráticos, crisis institucionales, etcétera. Y también, en muchos casos, los motivos han sido mezclados: no es sólo uno o de un solo tipo el que impulsa la migración. A este tipo de movimientos migratorios se los ha denominado “flujos mixtos” en la medida en que un grupo de personas migra por las mismas rutas, mayoritariamente en condiciones irregulares, pero con distintos motivos. Lo que ocurre en estas expresiones migratorias es que la línea demarcatoria para distinguir a una migración como forzada o voluntaria en muchas ocasiones se vuelve muy difusa.

La migración en caravanas tiene al menos tres características distintivas: a) resulta una manera más económica de migrar, debido a que no se pagan coyotes o intermediarios, b) la visibilidad de migrar en grupos grandes es una manera de protección, versus la migración irregular más tradicional que intentaba esconderse, aunque siendo presas fáciles de la delincuencia, y c) las redes sociales digitales son una herramienta central para su organización y para la generación de estrategias de cuidado y protección durante la ruta (Gandini, 2020).

Desde entonces se ha identificado alrededor de una media docena de caravanas —las más visibles y con mayor repercusión— junto a otras muchas caravanas más pequeñas, lo que ha sido reconocido como una migración en caravanas “por goteo”. Migrar en caravana, en grupos que se van constituyendo de manera relativamente espontánea al encontrarse por el camino y transitar, en gran medida a pie, a través de los países, es una característica persistente en todo el continente.

Esa misma visibilidad que originalmente fue buscada por las propias personas migrantes como una forma de protección, también tuvo un efecto en contrasentido: la amplia cobertura en los medios de comunicación generó preocupación en los gobiernos de los países que las recibían, en particular el de Estados Unidos, destino deseado por las personas caravaneras. Como consecuencia de ello, el gobierno de Donald Trump amenazó al gobierno mexicano con subir los aranceles al comercio si no detenía la migración. Así el gobierno estadounidense comenzó a agudizar las acciones de externalización del control migratorio, esto es, acordar con otros países, en este caso México, que actuaran de barrera a la migración antes de que las personas alcanzaran la frontera sur de aquel país.

En ese sentido, los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) fueron una medida creada a inicios de 2019 por el gobierno de Estados Unidos —también conocida como Quédate en México— que obligaba a las personas hispanohablantes solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano durante todo su proceso. En noviembre del año anterior, la misma administración ya había establecido la medida denominada Meetering, también conocida como “la lista”. Bajo el argumento de contar con recursos insuficientes, establecía un cupo diario en el procesamiento de solicitudes de asilo, haciendo que muchas personas queden fuera y, consecuentemente, esperando en territorio mexicano. Así entonces, México comenzó a consolidarse como un territorio de espera para poblaciones diversas.

Estas medidas tuvieron lugar en un contexto en el que ya no sólo era población centroamericana la que estaba llegando o pasando por México. Personas procedentes de Haití han estado siendo expulsadas de su país como resultado de diversos embates no sólo económicos, de violencia e inseguridad: además de ser el país más pobre del continente, se ha enfrentado a diversos eventos naturales —un terremoto devastador y una epidemia de cólera en 2010 y los huracanes de 2012 y 2016— y por la situación de inestabilidad política. La quinta parte de su población vive fuera del país, esparcida por diversos países de la región, fundamentalmente Brasil y Chile, pero también México.

En los últimos años, de manera creciente, personas extracontinentales provenientes de África y Asia han estado llegando a México por diversas rutas aéreas, marítimas y terrestres. Este flujo transita por el continente mayoritariamente en condiciones irregulares lo que, sumado a los desafíos étnicos, de distanciamiento geográfico, cultural e idiomático, limita aún más sus posibilidades de integración.

La migración venezolana, por su parte, constituye el mayor desplazamiento humano en la historia reciente de América Latina y el Caribe y el segundo en el mundo, luego del sirio. En menos de una década ha superado los 7.7 millones de personas (R4V, 2024), lo que representa alrededor de una quinta parte de la población total de un país que ha sido uno de los más pujantes de la región. Y cuatro de cada cinco personas venezolanas se ha ido a vivir a otro país de la región, convirtiendo a muchos de ellos en receptores de población cuando antes no lo eran.

FLUJOS HEMISFÉRICOS Y TRÁNSITO PROLONGADO EN LA POSPANDEMIA
El arribo de la pandemia por COVID-19, como en muchos otros ámbitos, tuvo efectos en las (in)movilidades humanas. Los cierres en más del noventa por ciento de las fronteras del mundo impactaron no sólo en la posibilidad de migrar, sino en el atrapamiento y el limbo de poblaciones que estaban en ruta. Entre ellas estaban las más de 75 mil personas bajo MPP que esperaban el avance de su trámite de asilo pero que quedaron pendientes por la suspensión del programa, junto a otras tantas que habían llegado a México y no habían iniciado ningún procedimiento. Adicionalmente se crearon otras medidas migratorias amparadas como “sanitarias” que la pandemia permitía justificar. Tal es el caso del Título 42, una política que es parte de la ley de salud de Estados Unidos y que comenzó en marzo de 2020, durante la administración Trump, y que permitió la expulsión inmediata de cualquier persona que tratara de entrar al país sin autorización, rechazándola sin oportunidad de solicitar asilo, bajo el argumento de que se suspendían las entradas para prevenir la propagación de las enfermedades contagiosas. El resultado fue que, por estar suspendidos todos los procedimientos migratorios y de asilo, las personas estuvieron por muchos meses esperando en las ciudades fronterizas de México. La desesperación, el fastidio y la incertidumbre propiciaron que muchas personas de diversas nacionalidades intentaran cruzar a Estados Unidos, pero fueron sistemáticamente deportadas a México bajo el Título 42.

En medio de la pandemia, en enero de 2021, se inició la administración del presidente Biden en Estados Unidos, que mantuvo el MMP hasta octubre de 2022 y el Título 42 hasta mayo de 2023. Incluso las fronteras terrestres de Estados Unidos con México fueron de las últimas en el mundo en reabrirse (noviembre de 2023), obstaculizando el paso de personas que históricamente habían vivido en un lado de la frontera trabajando en el otro, así como los cruces comerciales de una de las fronteras más dinámicas del mundo.

No resulta fácil decir cuándo empezó la pospandemia, pero conforme la vida fue volviendo paulatinamente a la normalidad, como el resto de las cosas, las migraciones fueron adquiriendo nuevos dinamismos. De hecho, lo hicieron con un ímpetu inusitado. Los desplazamientos se han estado haciendo cada vez más hemisféricos y diversos: proceden de distintas partes del mundo y transitan por gran parte del continente. La llegada de COVID-19, posiblemente había retrasado el inicio de algunos movimientos migratorios que se venían gestando, sumados a algunos efectos propios de la pandemia que constituyen nuevos impulsores. Por un lado, la supuesta retórica de puertas abiertas de la administración Biden, así como los anuncios como el fin de los MPP y del Título 42, pudieron resultar atractivos para migrar. Por otra parte, las condiciones pospandémicas de diversas economías latinoamericanas, la existencia de crisis políticas e institucionales en varios países de la región, junto con el ascenso de ciertos gobiernos de signos políticos (tanto de derecha como de izquierda) que han sido vistos como no amigables con la migración, fueron impulsores de los movimientos migratorios más recientes. En este contexto, las plataformas de las redes sociales (TikTok, Youtube, WeChat, entre otras) han adquirido un rol central difundiendo la idea de que “es un buen momento para migrar”.

La combinación de varios factores, entonces, creó un terreno fértil que ha provocado un impulso del patrón migratorio del sur al norte del continente. Si bien en años previos varios países de América Latina y el Caribe se habían mostrado abiertos a la recepción de población migrante, especialmente venezolana, con el devenir del tiempo y la persistencia de los flujos migratorios fueron incrementando el aumento de requisitos para migrar y las medidas de control. Entre ellas, la imposición de visados a varias nacionalidades, dificultando no sólo el arribo a los países, sino también el tránsito por ellos. Como ejemplo, al inicio del desplazamiento venezolano, alrededor de 2015, estas personas podían ingresar a prácticamente todos los países de la región sólo con pasaporte. En la actualidad, veintitrés de los treinta y tres países de América Latina y el Caribe, entre ellos México, les impusieron el requisito de visa de turismo.

Esta situación ha propiciado un enorme crecimiento de la migración en condiciones irregulares que transita de Sudamérica hacia Norteamérica. Y la manera de hacerlo es a través de la selva del Darién, un territorio que conecta a Colombia con Panamá y que se ha transformado en una ruta migratoria atravesada diariamente por miles de personas. Se caracteriza por la peligrosidad del camino debida a sus propias características orográficas y naturales, así como a las situaciones de violencia y violencia sexual contra quienes lo transitan. En 2023 cruzaron más de medio millón de personas (Gobierno Nacional de la República de Panamá, 2023), el doble que en 2022, y esta tendencia parece no detenerse: entre enero y marzo de 2024 cruzaron más de 110 mil personas, 25.8 por ciento más que en los mismos meses de 2023 (Gobierno Nacional República de Panamá, 2023).

El periplo de estas migraciones hemisféricas no consiste sólo en cruzar la selva. Después de pasar por Colombia y Panamá hay que atravesar otros cinco países: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, para llegar a México, y luego sus más de tres mil kilómetros de extensión hasta la frontera con Estados Unidos. De manera formal o informal, en todos estos países se paga para pasar. Algunos tienen políticas explícitas, como la “Operación flujo controlado” en Panamá o el acuerdo entre Panamá y Costa Rica para el paso “expedito y ordenado” de autobuses con personas en tránsito sin detenerse en la frontera. Otros cobran salvoconductos o tasas de tránsito, como Nicaragua y Honduras, mientras en otros más los cobros son discrecionales y por una diversidad de actores lícitos e ilícitos (Guatemala y México). El incremento de controles y visados en distintos países de la región, junto a la presencia de mafias, ha hecho que este sea un camino riesgoso, largo y costoso.

En el otro extremo del continente, el gobierno estadounidense ha continuado emitiendo disposiciones con la intención de desalentar, disuadir y contener los flujos migratorios. Como resultado del incremento de la migración forzada, así como de las casi inexistentes vías para migrar de manera regular, prácticamente todas las personas que llegan a Estados Unidos solicitan asilo (algunas de ellas también lo hacen en México). Por ello, una de las acciones más recientes ha sido la implementación de un sistema de citas en línea, la aplicación CBP One (https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone) para pedir asilo, que está disponible en el centro y norte de México. Como resultado, las personas que vienen migrando se quedan en México por varios meses hasta que puedan conseguir una cita. En la Ciudad de México es posible observar muchos campamentos improvisados, particularmente en el centro, donde las personas pernoctan mientras esperan que salga su cita. Así es que una característica de la actualidad es la confluencia de muchos movimientos de personas de diversas nacionalidades que se encuentran en una situación de tránsito hemisférico prolongado y en una espera forzada.

En síntesis, las políticas migratorias de los años recientes han fortalecido el papel de México como el último país de tránsito, un cuello de botella o país tapón (Varela, 2019). Se encuentra en el epicentro de una compleja dinámica migratoria que fortalece su lugar como país de destino, tránsito y espera. Aunque su papel como lugar de salida de migrantes se ha intensificado nuevamente en años recientes; desde 2007, cuando se había establecido el récord de alrededor de 800 mil personas mexicanas intentando cruzar a Estados Unidos, los números fueron bajando sistemáticamente hasta 2018, cuando se registraron 127 mil 938. A partir de 2021 se dispararon abruptamente, superando en 2022 los niveles de 2007. Así, es posible afirmar que, de nueva cuenta, el lugar de México como país de origen de personas migrantes tiene una gran relevancia.

En cuanto a su lugar como destino, México ha actuado de manera bifronte: por un lado, ha brindado refugio a una cantidad no despreciable de personas que lo requieren (a pesar de las notables limitaciones de sus capacidades institucionales), y por otro ha adoptado una política de contención y militarización, tanto propia como en colaboración con Estados Unidos, con limitadas vías regulares para inmigrar. Con todo, los niveles de inmigración en México son aún muy bajos. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, tan solo 1 millón 212 mil 252 personas ha nacido en otro país (INEGI, 2020). Sin embargo, 779 mil 818 de ellas son hijas e hijos de personas mexicanas, es decir, jurídicamente son personas mexicanas por nacimiento. Eso significa que, en estricto sentido, la población extranjera en México es menor a medio millón (432 mil 434), lo que representa tan solo el 0.4 por ciento del total de su población.

Aun con niveles pequeños, la inmigración no está exenta de retos. Es importante fortalecer aquellas acciones que garantizan la integración plena de quienes llegan y, de esa manera, la migración tiene el potencial de convierte en una oportunidad para todos. Estudios recientes han mostrado el impacto positivo que tiene en el país una buena integración no sólo para las personas refugiadas, sino también para las empresas y la sociedad mexicana en su conjunto (ACNUR, 2023). México tiene una historia importante de recepción de personas migrantes y refugiadas, aún antes de tener una ley para ello. Ese cobijo ha redundado en la presencia en muchos espacios importantes, como en la propia UNAM, de personas que nacieron en otro lugar y que contribuyen día a día al desarrollo y crecimiento de este gran país.

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