Encuadre
30 de junio de 2022
Los horizontes de la justicia en México. Sobre la aplicación efectiva de la ley
Por: Marcos David Silva Castañeda
World Justicie Proyect es una organización internacional que promueve la aplicación efectiva de la ley en todo el mundo. Anualmente elabora un Índice de Estado de Derecho que le permite concluir lo siguiente: 1) Si se asegura la aplicación efectiva de la ley, los derechos humanos se fortalecen. 2) Cuando la ley realmente es aplicada la impunidad se reduce. 3) Cuando la efectividad de la ley impera en una sociedad, disminuyen la pobreza y la desigualdad. Además, se solucionan los conflictos públicos y privados, lo que enriquece la convivencia diaria de las personas.
Por lo que podemos preguntarnos: ¿qué significa que la ley sea “efectivamente” aplicada? El interés por una
ley efectiva se remonta, en la cultura occidental, a la literatura antigua. Podemos recordar a Hesíodo, que meditó sobre lo imperfecto de la justicia “humana” en la historia del gavilán y el ruiseñor, en la que nos permite
sentir el sufrimiento de quien clama justicia sin respuesta. Cuando el ruiseñor inquiere sobre la injusticia de su captor, el gavilán le revira: “Desventurado, ¿de qué te sirven tus gemidos?”.
La primera cualidad de una ley efectivamente aplicada es que el
fuerte es confrontado. En otras palabras, las acciones del injusto tienen consecuencias. Una ley efectivamente aplicada protege (y no abandona) al débil y, por otra parte, enfrenta a quien pretende doblegar el derecho.
Una segunda condición de la ley
efectiva la podemos reconocer con Esquilo, que se interesó por contestar si la justicia es accesible a las personas. En Las Euménides Esquilo nos pone a prueba cuando acompañamos a Orestes, quien asesina a su madre, Clitemnestra, para vengar la muerte de su padre, Agamenón, muerto a su vez por aquella. En las líneas del coro de Las Euménides se pueden leer enunciados que siguen siendo vigentes, especialmente en un país como México: “Si vence la causa de este parricida su crimen, nuevas leyes habrán trastornado bien pronto el orden del mundo…”. Una ley efectivamente aplicada tiene como tercera característica su universal aplicación. Cuando la ley no se aplica o se hace discrecionalmente, impera un orden ilegal sobre la legalidad. Es una esquizofrenia jurídica que cobija la injusticia. Esquilo nos advierte desde hace siglos el altísimo costo que debemos enfrentar cuando la ley se doblega: sufrir un orden social organizado no por ruiseñores, sino por gavilanes.
Una cuarta característica de la ley efectiva en las letras clásicas occidentales, la encontramos en Sófocles, más específicamente en Antígona, donde conocemos un dilema, entre lo que indica la ley y el sentido de justicia universal que muchas veces puede no ser reconocido por la norma.
Un quinto componente de la
ley efectivamente aplicada es que se organiza en torno de principios, siendo una función esencial de todo juez o jueza no guiarse por el cumplimiento de rígidos supuestos normativos, como una ponderación para acercar la ley a una experiencia universal de justicia. De lo contrario esos vacíos que abre la impunidad son cubiertos por la ilegalidad en la medida en que, quien puede pronunciar el derecho, evita con sus acciones acercar la justicia al débil.
En el informe
Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, elaborado por World Justice Proyect, encontramos horizontes de actuación gubernamental en una lógica internacional para favorecer en el país una ley efectivamente aplicada:
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En nuestro país las nuevas instituciones de procuración, administración e impartición de justicia siguen teniendo las mismas prácticas, por lo que, como le ocurre al ruiseñor de Hesíodo, clamar por justicia en México no se traduce en la protección de la ley.
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Carecemos de calidad en la administración e impartición de justicia: como Esquilo nos advertía, estas áreas de oportunidad son suplidas por la ilegalidad que llena los vacíos provocados por la no aplicación de la ley.
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Un estado de derecho ineficiente e ineficaz se traduce en la pérdida de oportunidades de inversión, comercio, creación de conocimiento e incremento de la calidad de vida. El costo de la impunidad es mayor pobreza, bajo crecimiento económico, deterioro del poder adquisitivo, baja inversión en ciencia, infraestructura y conocimiento.
La impunidad es un problema internacional y no debe ser pensado solo en términos nacionales. Sin una ley aplicada universalmente no podemos esperar gozar de los beneficios del comercio, la ciencia y la inversión en el país.
Son diversos los horizontes de la justicia en México. Sin embargo, el
Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 deja claros los retrocesos que hemos tenido de 2020 a 2021 (sin considerar los tres informes anteriores). Debemos inscribirlos en una agenda pública y gubernamental más amplia, orientada a favor del país, no de personas fuertes que doblegan la ley en perjuicio de los débiles. Una sociedad organizada por la ley, en la que esta sea medio para realizar un fin más amplio: garantizar el acceso a la justicia en México.
El
Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, elaborado por World Justice Project, es un análisis cuantitativo de ocho variables de estudio: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil, y justicia penal.
La cuantificación de numerosas subvariables para cada una de las anteriores da un número entre cero y uno, donde la unidad representa la mayor adherencia al estado de derecho. El índice para México es poco alentador: 0.40.
La información puede consultarse en el micrositio interactivo accesible desde el portal de World Justice Project México:
https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-en-mexico-2020-2021/
Marcos David Silva Castañeda es docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social.